Funciones

¿Cuáles son sus funciones?

1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, en resguardo de la soberanía, bienes del patrimonio e intereses del Estado, en particular, en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente, asumiendo la defensa en cualquier conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que demanden al Estado boliviano.

2. Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado.

3. Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la Administración Pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso de acción negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan, en aplicación del Art. 38 de la Ley 1178: “(son) responsables los abogados por el patrocinio legal del Sector Público cuando la tramitación de la causa la realicen con vicios procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes por aspectos formales”.

4. Requerir a servidoras y servidores públicos, y a personas particulares, la información que considere necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. Esta información no podrá ser negada por ninguna razón; la ley establecerá las sanciones correspondientes.

5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de las servidoras públicas o los servidores públicos que, por negligencia o corrupción, ocasionen daños al patrimonio del Estado.

6. Atender denuncias y reclamos de ciudadanos y entidades que conforman el Control Social, en los casos en que se afecten los intereses del Estado.

7. Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales en delitos cometidos contra el patrimonio público, en procesos de su competencia. El Ministerio Público defiende la legalidad y los intereses generales de la sociedad (ya no del Estado). Su principal función es ejercer la acción penal pública (Art.225-CPE).

8. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.

9. Tener a su cargo el registro de procesos judiciales en los que sea parte la administración del Estado.