Presentación

La Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 que responde a las aspiraciones y anhelo del nuestro pueblo, como nunca antes, consagra un conjunto de principios inherentes a los Derechos Fundamentales de las personas en el propósito de hacer realidad el vivir bien colectivo de todas las bolivianas y bolivianos, siendo necesario para ello preservar y defender la riqueza que Bolivia posee.

El Estado Plurinacional de Bolivia, como persona jurídica de existencia necesaria, hasta hace poco carecía de una institución o autoridad que de manera específica se preocupe y encargue de su defensa legal, particularmente en procesos ante tribunales internacionales emergentes de controversias planteadas por empresas extranjeras.

Con una nueva visión de Estado, el Presidente Evo Morales Ayma, sobre la base del Ministerio sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales creado mediante Decreto Presidencial No. 29589 de 5 de junio de 2008, instituyó el Ministerio de Defensa Legal del Estado a través del Decreto Supremo No. 29894 de 7 de febrero de 2009.

Con esos antecedentes y experiencias, la actual Constitución da lugar al nacimiento, en sus artículos 229 al 231, a la Procuraduría General del Estado que tiene como atribuciones promover, defender y precautelar precisamente los intereses del Estado.

Dentro del nuevo marco constitucional, la Ley No. 064 de 5 de diciembre de 2010 regula la organización y estructura de la Procuraduría General del Estado, entidad que inició inmediatamente sus actividades sobre la base y aplicación del Decreto Supremo No. 0788 de 5 de febrero de 2011 y del Decreto Supremo No. 0789 también de 5 de febrero de 2011, referido este último a la Escuela de Abogados del Estado y al Consejo de Abogados del Estado dependientes de esa inédita entidad.