Control Social

Es un derecho y una obligación que establece la Constitución Política del Estado, para que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada participe en el diseño de las políticas públicas; ejerza el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y en empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, en beneficio y resguardo de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Unidad de Transparencia de la Procuraduría General del Estado, promoverá el pleno ejercicio de éste derecho a través de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, con la participación de las y los ciudadanos y organizaciones sociales en resguardo de los intereses y patrimonio del Estado.