LA LEY 387 DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, UN AVANCE EN LA REIVINDICACIÓN DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO

La promulgación de la Ley 387, de 9 de julio de 2013, del Ejercicio de la Abogacía, constituye la instauración del instrumento idóneo para regular la práctica del derecho, así como para llevar un control efectivo de los profesionales, a través de un registro ordenado y libre de las injustificables prácticas del pasado.

Al reconocer que una de las características de la profesión es la “función social”, se establece que su práctica deberá estar orientada siempre al aporte o contribución tanto científica como técnica en beneficio de la sociedad civil, incluso a través del patrocinio gratuito, velando por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en cada cuerpo legal vigente, y propender a la instauración de la justicia.

Se resalta de sobremanera la inclusión de derechos que reivindican y revalorizan a los profesionales abogados, entre ellos los más importantes: a) a no ser perseguidos, detenidos ni procesados judicialmente, salvo por la comisión de un hecho delictivo; b) el no ser excluidos de beneficios, garantías e información técnica o laboral por el hecho de pertenecer o no a algún colegio; c)  a conformar sociedades civiles, colegios, fundaciones u organizaciones en forma libre y voluntaria, y d) a la libre afiliación a un colegio de abogados.  

La Procuraduría General del Estado, que coparticipó en la formulación de esta norma, resalta como positiva la relación complementaria, pero dentro de sus competencias, que existirá entre el Ministerio de Justicia y los colegios de abogados, velando por el cumplimiento y la aplicación de la Ley 387. Coincidimos en que el desempeño de la profesión deberá estar ligado a los principios de ética profesional, transparencia, celeridad y aporte académico e investigativo.

Los avances de este instrumento normativo promovido por el Órgano Ejecutivo inciden en la  importancia de la regulación respecto de infracciones a la ética y sus sanciones, a través de la clasificación de leves, graves y gravísimas, y por ende, con una  valoración objetiva en cuanto a la aplicación de las sanciones, instaurando también un régimen de prescripción para las mismas.

Dentro de las obligaciones de los abogados está el aplicar con preferencia salidas alternativas para la solución de conflictos, cumpliendo de esa manera con el principio de celeridad y economía.