En virtud a lo dispuesto por el Art. 231 núm. 3) de la Constitución Política del Estado (CPE), y Art. 8 núm. 3) de la Ley N° 64 de 5 de diciembre de 2020, “Ley de la Procuraduría General del Estado" modificada por Ley N° 768 de 15 de diciembre de 2015, una de las funciones de la Procuraduría General del Estado (PGE), consiste en evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la administración pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas.

El Subsistema de Evaluación de la PGE es el conjunto de procedimientos y normas aplicables a la evaluación de las acciones de defensa legal, desarrolladas por las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales de la administración pública.

Bajo ese entendido, la Evaluación es la valoración jurídica que realiza la PGE al ejercicio de las acciones de precautela y defensa legal de los intereses del Estado, realizadas por las y los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de la sustanciación de procesos judiciales de la administración pública; aplicando técnicas de auditoría jurídica u otras, bajo criterios reglados que permitan identificar la diligencia o negligencia en su tramitación.

La Evaluación que efectúa la PGE, al ejercicio de acciones jurídicas y de defensa de las unidades jurídicas de la administración pública, tiene los siguientes objetivos:

1. Evaluar el accionar de las unidades jurídicas de la administración pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales, para identificar la diligencia o negligencia en la precautela y defensa legal de los intereses del Estado;
2. Identificar patrones deficitarios en el funcionamiento de las unidades jurídicas; así como acciones negligentes en los procesos judiciales evaluados;
3. Instar a las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAEs), el inicio de las acciones que correspondan en caso de identificarse patrones deficitarios en el funcionamiento de la unidad jurídica o cuando se identifique negligencia de las y los abogados en la tramitación de los procesos judiciales;
4. Emitir Recomendaciones Procuraduriales destinadas a construir mecanismos, prácticas preventivas y correctivas, para la diligente defensa legal del Estado.

Conforme lo dispuesto por al Art. 23 parágrafo I) del Decreto Supremo N° 2739 de 20 de abril de 2016, la PGE comunica a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las instituciones, entidades o empresas de la administración pública evaluadas, la inexistencia de observaciones o las recomendaciones procuraduriales preventivas o correctivas emergentes de la Evaluación, las cuales pueden:

1. Instar el inicio de las acciones que correspondan cuando se identifique negligencia en el accionar de las y los abogados de las unidades jurídicas o instancia a cargo de los procesos judiciales de la administración pública.
2. Instar la implementación de acciones jurídicas necesarias destinadas a construir mecanismos y prácticas diligentes para la efectiva defensa legal del Estado.

A partir del 9 de febrero de 2018 se desarrollaron las evaluaciones programadas, respecto de 124 procesos judiciales en las siguientes entidades: