El  Subsistema de Evaluación es el conjunto de procedimientos y normas aplicables a la evaluación de las acciones de defensa legal, desarrolladas por las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales de la administración pública.

En ese marco, la evaluación es la valoración jurídica que realiza la PGE al ejercicio de las acciones de precautela y defensa legal de los intereses del Estado, realizadas por las y los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de la sustanciación de procesos judiciales de la administración pública.

Para ello, los abogados y abogadas de la PGE aplican técnicas de auditoria jurídica u otras, bajo criterios reglados que permitan identificar la diligencia o negligencia en su tramitación.

Los objetivos del subsistema de evaluación son los siguientes:

1. Evaluar el accionar de las unidades jurídicas de la administración pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales, para identificar la diligencia o negligencia en la precautela y defensa legal de los intereses del Estado;
2. Identificar patrones deficitarios en el funcionamiento de las unidades jurídicas; así como acciones negligentes en los procesos judiciales evaluados;
3. Instar a las Máximas Autoridades Ejecutivas, el inicio de las acciones que correspondan en caso de identificarse patrones deficitarios en el funcionamiento de la unidad jurídica o cuando se identifique negligencia de las y los abogados en la tramitación de los procesos judiciales; y
4. Emitir recomendaciones procuraduriales destinadas a construir mecanismos, prácticas preventivas y correctivas, para la diligente defensa legal del Estado.

Conforme al Artículo 23, parágrafo I, del Decreto Supremo Nº 2739, de 20 de abril de 2016, la PGE comunica los resultados de la evaluación directamente a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución, entidad o empresa de la administración pública, haciéndole conocer la inexistencia de observaciones o las recomendaciones procuraduriales preventivas o correctivas emergentes de la evaluación.

En ese marco, la respectiva Máxima Autoridad Ejecutiva, tiene un plazo de treinta (30) días posteriores a la comunicación de la recomendación procuradurial para:

1. Aceptar las recomendaciones, dando a conocer las acciones, plazo y responsables de su implementación; u
2. Observar de manera fundamentada la recomendación procuradurial.

A partir del 9 de febrero de 2018 se desarrollaron las evaluaciones programadas, respecto de 124 procesos judiciales en las siguientes entidades: