PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
La Procuraduría General del Estado (PGE) es la institución de representación jurídica pública que, por mandato de la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 064, tiene la atribución de promover, defender y precautelar los intereses del Estado.
Su labor constituye la defensa jurídica de Bolivia y está orientada a la protección de los derechos, recursos y patrimonio públicos, mediante el ejercicio de sus competencias en los ámbitos judicial, extrajudicial, conciliatorio, administrativo y arbitral. Su mandato representa un pilar fundamental para la protección de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia y la preservación de su patrimonio.

HITOS HISTÓRICOS Y NORMATIVOS

2009: Fundación constitucional
La promulgación de la Constitución Política del Estado, el 7 de febrero de 2009, estableció las bases constitucionales de la Procuraduría General del Estado en sus artículos 229 al 231. De esta manera, se definieron su naturaleza institucional, sus atribuciones fundamentales y el marco de actuación de la máxima autoridad responsable de la defensa jurídica del Estado.

2010: Consolidación legal e institucional
El 5 de diciembre de 2010 se promulgó la Ley N.º 064, Ley de la Procuraduría General del Estado, que reguló su organización, estructura y funcionamiento. La norma estableció su sede principal en la ciudad de El Alto y reconoció su autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, así como su independencia en el ejercicio de sus funciones.

2011: Organización y fortalecimiento institucional
Mediante el Decreto Supremo N.º 0788, de 5 de febrero de 2011, se reglamentaron la organización, estructura y funciones de la Procuraduría General del Estado. En el mismo año, el Decreto Supremo N.º 0789 reguló la organización y el funcionamiento de la Escuela de Abogados del Estado, instancia de formación especializada vinculada a la preparación de profesionales en defensa legal del Estado y gestión pública.

2015–2016: Fortalecimiento de los mecanismos de control y seguimiento
La Ley N.º 768, de 15 de diciembre de 2015, modificó la Ley N.º 064 e incorporó disposiciones para fortalecer el seguimiento y control de la defensa jurídica estatal, incluidos el Registro de Abogados del Estado (RAE) y el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE).
Posteriormente, el Decreto Supremo N.º 2739, de 20 de abril de 2016, reglamentó el sistema de registro, seguimiento, evaluación e intervención de la Procuraduría General del Estado, consolidando instrumentos para mejorar la supervisión de los procesos y la defensa de los intereses públicos.

PRESENCIA Y COBERTURA NACIONAL
La Procuraduría General del Estado cuenta con nueve Direcciones Desconcentradas Departamentales, ubicadas en las capitales de los nueve departamentos de Bolivia. Estas representaciones ejercen las funciones que les corresponden por delegación del Procurador General del Estado y permiten desarrollar la defensa jurídica institucional en el ámbito departamental, de acuerdo con sus competencias.
Esta presencia territorial fortalece la capacidad de actuación de la PGE y contribuye a la protección de los intereses y el patrimonio del Estado en todo el territorio nacional.

LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad, bajo la conducción del M.Sc. Hugo César León La Faye, la Procuraduría General del Estado ejerce su mandato constitucional y legal mediante acciones de defensa, supervisión, seguimiento e intervención en los asuntos de su competencia. Su trabajo comprende la defensa de los intereses estatales, la protección del patrimonio público y el impulso de actuaciones orientadas al cumplimiento de la ley y la responsabilidad en la gestión pública.
La PGE proyecta así el valor estratégico de la defensa jurídica del Estado: proteger los intereses de Bolivia, precautelar sus recursos y fortalecer la actuación legal de las instituciones públicas, con independencia funcional, rigor técnico y responsabilidad institucional.

La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de Bolivia, la protección de sus recursos y patrimonio, y el impulso de las acciones legales orientadas a restituir al Estado aquello que legítimamente le corresponde. Este mandato se expresa en tres principios que orientan su labor institucional:

• DEFENDER, mediante la representación jurídica de los intereses estatales.
• PRECAUTELAR, protegiendo los recursos y el patrimonio público frente a posibles daños.
• RECUPERAR, promoviendo las acciones legales necesarias para procurar la restitución de bienes y recursos afectados.

Porque defender a Bolivia también significa prevenir el daño a su patrimonio y actuar para recuperar lo que le pertenece, la Procuraduría General del Estado fortalece la defensa jurídica del país con responsabilidad, rigor técnico y compromiso con el interés público.

DEFENDER - PRECAUTELAR - RECUPERAR
En defensa de Bolivia y de los intereses del Estado Plurinacional