La Procuraduría General del Estado entrega la Recomendación Procuradurial al Gobierno Autónomo Municipal de Viacha para mejorar su gestión jurídica

Este 22 de mayo del 2019, en representación de la Procuraduría General del Estado, la Subprocuradora de Supervisión e Intervención, Anrriela Salazar, junto al Director Departamental La Paz de la PGE, Jorge Ortiz, entregaron la Recomendación Procuradurial N° 02/2019 al Alcalde Municipal de Viacha, Ing. Delfín Mamani. La indicada Recomendación, emitida por el Procurador General del Estado, Dr. Pablo Menacho Diederich, permitirá al Gobierno Municipal de Viacha mejorar la gestión de sus procesos judiciales y fortalecer su unidad jurídica, en beneficio de la colectividad.

La PGE en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la unidad jurídica de la entidad edil, efectuó la evaluación de 12 procesos judiciales (7 en materia coactivo fiscal, 3 penales, 1 laboral y 1 civil), y como resultado de la indicada tarea realizó recomendaciones “que harán posible a la a la unidad jurídica del GAM Viacha llevar adelante la defensa y precautela de los intereses del Municipio de manera diligente y que a partir de una sentencia favorable sea posible la reparación del daño y la recuperación del patrimonio del Estado”, explicó la Subprocuradora Salazar, a tiempo de resaltar que la Procuraduría General del Estado realiza este trabajo en ejercicio de sus atribuciones, siendo la única institución creada por la Constitución Política del Estado, cuya sede se encuentra en la ciudad de El Alto en reconocimiento a los héroes mártires de la Guerra del Gas.

“Es la primera vez que tengo un análisis a detalle de los procesos judiciales de mi Municipio, que me ayuda a saber el panorama interno, vamos a poner fuerza y empeño para lograr sacar adelante nuestros procesos, pero también pedimos a la Procuraduría que continúe brindándonos su ayuda” manifestó el Alcalde Municipal de Viacha, Delfín Mamani.

EVALUACIÓN A CARGO DE LA PGE

La Recomendación Procuradurial es producto de la Evaluación, que consiste en la valoración al ejercicio de las acciones jurídicas de precautela y de defensa de los intereses del Estado en la sustanciación de los procesos judiciales, en base a técnicas de auditoría jurídica y parámetros de evaluación, que permiten identificar el accionar diligente o negligente en la tramitación de procesos. El marco normativo de la Evaluación está contenido en el Artículo 231 de la Constitución Política del Estado, la Ley 064, Ley 768, Decreto Supremo 0788, Decreto Supremo 2739 y la Resolución Procuradurial 081/2017 de 2 de mayo de 2017.