La Procuraduría General del Estado inició el proceso de Evaluación a la administración jurídica del Municipio de El Alto

La Subprocuradora de Supervisión e Intervención Anrriela Salazar y el Director Departamental de La Paz Jorge Ortiz, sostuvo una reunión de coordinación con la Alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón y su equipo legal a la cabeza de los abogados Jerald Quisbert, Director General de Asesoría Legal y Pablo Medrano, Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos.

El GAM de El Alto es la segunda entidad del Estado más importante del Departamento de La Paz y uno de los Municipios más grandes del País, por su población, gestión pública y número de procesos judiciales inscritos en el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE). El Municipio de El Alto tiene 958 procesos, que es el 14.4% de los procesos judiciales de entidades públicas en el Departamento de La Paz. De los 958 procesos de El Alto, 409 son penales, 312 son coactivo fiscales, 129 laborales y 54 civiles entre los principales, todos estos casos están a cargo de 20 abogados inscritos en el Registro de Abogados del Estado (RAE).

“Estaré en constante contacto con mi unidad jurídica para saber los avances y haremos el seguimiento correspondiente, será un trabajo exhaustivo para lograr tener los objetivos requeridos.” expresó la Alcaldesa Soledad Chapetón.

Asimismo la Subprocuradora Salazar explicó a la burgomaestre alteña que el proceso de evaluación que desarrolla la Procuraduría es por mandato de sus atribuciones en el marco de la Constitución y se la realiza a los procesos judiciales que  administran las Unidades Jurídicas de todas las instituciones públicas del país, también puntualizo que la Procuraduría en su sede central forma parte de la Ciudad de El Alto por mandato del Presidente Evo Morales, en reconocimiento a los héroes mártires de la Guerra del Gas.

La Evaluación al gobierno municipal de El Alto inició el 03 de junio y finalizará el 05 de noviembre del presente año. Este proceso consiste en la valoración al ejercicio de las acciones jurídicas de precautela y de defensa de los intereses del Estado, en la sustanciación de los procesos judiciales, en base a técnicas de auditoría jurídica y parámetros de evaluación, que permiten identificar el accionar diligente o negligente en la tramitación de procesos. El marco normativo de la Evaluación está contenido en el Artículo 231 de la Constitución Política del Estado, la Ley 064, Ley 768, Decreto Supremo 0788, Decreto Supremo 2739 y la Resolución Procuradurial 081/2017 de 2 de mayo de 2017.