El Ministerio Público y la Procuraduría suscriben Convenio para intercambio de información en defensa del estado

Jueves, 13 de junio del 2019.

El Procurador General del Estado, Pablo Menacho Diederich y el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, firmaron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que tiene por objeto establecer mecanismos de cooperación, asistencia recíproca e intercambio de información para promover y fortalecer el cumplimiento de sus objetivos institucionales, especialmente los referidos a la defensa del Estado.

“La Procuraduría interviene más de 300 procesos de materia civil, coactiva fiscal y penal en el país, ahora junto a la Fiscalía trabajaremos en lo penal, en casos de corrupción, casos de legitimación de ganancias ilícitas, es decir todos aquellos delitos contemplados en la ley 004 de lucha contra la corrupción, en particular en la condena de los culpables y en la recuperación del daño económico y patrimonial al estado” manifestó el Procurador Pablo Menacho.

Lanchipa destacó que, de acuerdo a las atribuciones de la Constitución Política del Estado, se suscribe el Convenio de cooperación en la búsqueda de contar con la información necesaria para realizar la defensa del Estado, en casos principales como la grave afectación económica y otros.

“Este convenio es fundamental para llevar adelante un trabajo conjunto entre la Procuraduría y el Ministerio Público en cuanto al manejo de la información en casos que afecten a los intereses del Estado, cuando existe un daño económico; y por otro lado, cuando el Estado sea objeto de demandas internacionales y para afrontar la defensa de los intereses del país el Ministerio Público va coadyuvar con la información necesaria”, aseguró Lanchipa.

El Convenio entre el Ministerio Público y la Procuraduría tendrá una duración de dos años y tiene como objetivo principal establecer mecanismos de cooperación, asistencia recíproca e intercambio de información para promover y fortalecer el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

De esta manera, ambas instituciones coordinarán políticas para precautelar, promover y defender los intereses del Estado. Realizarán la investigación y procesamiento de delitos contra el patrimonio público. Identificarán y priorizarán la investigación en casos de grave afectación económica a los intereses del Estado.

Asimismo, se priorizará la investigación de casos relacionados a demandas internacionales contra el Estado ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Se efectivizará el intercambio de documentación e información respecto a procesos penales relacionados al Estado, entre otros.