CIDH persiste en aplicar doble estándar para Bolivia

La PGE nuevamente denuncia el trato diferenciado al constatar que la CIDH dio preferencia a otro trámite antes que la solicitud de Medidas Cautelares que hizo el ex Defensor del Pueblo y ex presidente de la APDH, Waldo Albarracín

El Alto, 21-08-2020 (PGE)

La Procuraduría General del Estado (PGE) advierte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) persiste en el manejo de un doble estándar, con evidente sesgo político, en el proceso de concesión de medidas cautelares.

El doble estándar tiene que ver con la aplicación de un trato diferenciado para casos similares, es decir una aplicación sesgada, y en consecuencia injusta, en el tratamiento de las solicitudes de medidas cautelares, mismas que se otorgan a personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación.

Ello se pudo constatar en el tratamiento que la CIDH otorgó a dos pedidos de medidas cautelares presentados en febrero de este año, uno al periodista argentino Adair Pinto, quien denunció que, debido a su labor periodística, su vida corría peligro tras un altercado en un karaoke con personas de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), y el otro por el ex Defensor del Pueblo y ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Waldo Albarracín, quien expuso los riesgos para su integridad refiriendo ataques que sufrieron él y sus familiares desde 2017, que incluyeron la destrucción y quema de su vivienda el 10 de noviembre de 2019.

Albarracín presentó su solicitud de medidas cautelares el 20 de febrero de 2020 y Pinto hizo lo mismo ocho días después, el 28 de febrero, pero la CIDH dio preferencia al último pedido que trasladó al Estado el 16 de abril de 2020, menos de dos meses después de haberlo recibido.

Por el contrario, la presentada por  Albarracín, fue trasladada al Estado recién el 11 de agosto, cinco meses y 22 días después de haber sido presentada su solicitud de medida cautelar.

Este evidente trato diferenciado confirma que ese organismo internacional mantiene la práctica del doble estándar para el tratamiento de solicitudes de medidas cautelares, con una clara inclinación política, ya que Pinto, hace una labor periodística claramente favorable al anterior gobierno. En el caso Albarracín la solicitud fue respaldada con denuncias de  ataques como el que sufrió su hijo Franco en febrero de 2018, cuando recibió el impacto de un proyectil durante una protesta por el desconocimiento de los resultados del referéndum constitucional que rechazó la repostulación de Evo Morales a la Presidencia. 

Otros dos hechos referidos en la solicitud son la agresión que sufrió el propio Albarracín el 21 de octubre de 2019 cuando protestaba por los resultados de las elecciones generales y la posterior quema de su casa, el 10 de noviembre del mismo año.

En el caso Pinto,  a cuyo tratamiento la CIDH dio prioridad, denuncia hechos relacionados a una pelea en un karaoke el 1 de febrero de este año, tras lo cual dijo haber recibido llamadas de amedrentamiento. 

No es la primera vez que la CIDH desvela su labor parcializada. Ya el 17 de febrero, el Procurador General del Estado, José María Cabrera, expresó la preocupación por este tratamiento diferenciado en una nota oficial enviada al secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao.

En ella advirtió que entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 el portafolio de solicitudes de medidas cautelares correspondiente al Estado Boliviano tuvo un movimiento inusitado respecto a gestiones anteriores y que de cinco solicitudes transmitidas al Estado tres fueron otorgadas "en tiempo récord", no obstante que Bolivia demostró que no concurrían los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

"Es evidente que existe un doble estándar en la concesión de estas medidas cautelares por parte de la CIDH...se ha denotado cierta discrecionalidad y un tratamiento diferenciado en relación a otros trámites que inclusive nunca fueron transmitidos", advirtió entonces Cabrera.

Hasta esa fecha, el extracto histórico de la página web de la CIDH refería que, entre 2006 y 2018, ese organismo internacional recibió al menos 115 solicitudes de medidas cautelares, de las cuales al Estado solo le fueron transmitidas seis y apenas tres fueron otorgadas.