PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REORIENTA SU INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES
El Alto, 12 de junio de 2024 (UCRP-PGE) – La Procuraduría General del Estado, a través del Procurador General del Estado, MSc. César Adalid Siles Bazán, anunció en conferencia de prensa una reestructuración significativa en su enfoque de intervención en procesos judiciales locales. Esta reestructuración, que actualmente alcanza 287 casos, se centra en criterios objetivos y prioriza la eficiencia en la defensa de los intereses del Estado.
El principal objetivo de este nuevo reglamento es establecer criterios claros para la intervención de la Procuraduría en casos judiciales, enfocándose en la supervisión y el trabajo conjunto con las unidades jurídicas del sector público, evitando así intervenciones innecesarias o que no estén alineadas con los intereses del Estado.
Además, se informó sobre el análisis detallado de procesos judiciales previamente intervenidos por la Procuraduría, donde se identificaron casos en los que la intervención ya no era necesaria. Esto llevó al cierre de dichos procesos o a su migración a supervisión. La autoridad mencionó que este nuevo enfoque permitirá a la Procuraduría intervenir en casos relacionados con la defensa de la Madre Tierra, delitos ambientales, violaciones de derechos humanos, o aquellos que representen una afectación al Estado mayor a los Bs. 7 millones, entre otros.
La Procuraduría también anunció una lista de 30 procesos priorizados, incluyendo los casos de Piscinas YLB, Amayapampa, Gases Lacrimógenos, entre otros. En estos procesos se concentrarán los esfuerzos para lograr resultados concretos y efectivos en la defensa de los intereses del Estado. Estos casos abarcan asuntos de gran relevancia nacional, como aquellos relacionados con el golpe de Estado, violaciones de derechos humanos, y otros temas de interés público.
En resumen, la Procuraduría General del Estado ha adoptado una nueva estrategia para su intervención en procesos judiciales, basada en criterios objetivos y en la priorización de casos de mayor relevancia para la defensa de los intereses del Estado. Esta medida busca garantizar una actuación más eficiente y efectiva de la Procuraduría en el sistema judicial boliviano.
