PROCURADOR GENERAL REAFIRMA SU COMPROMISO EN FAVOR DE CHUQUISACA Y LLAMA A LA UNIDAD PARA LOGRAR LA EJECUCIÓN DEL FALLO QUE BENEFICIA A FANCESA

PGE – Prensa, 21 de abril de 2025.- El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, se refirió a la presentación de un amparo constitucional por parte de la empresa SOBOCE (Sociedad Boliviana de Cemento), en el caso denominado FANCESA (Fábrica Nacional de Cemento S.A.), sobre el que reafirmó su compromiso de lucha en favor de los intereses del pueblo chuquisaqueño y convocó a la unidad a los copropietarios de FANCESA hasta lograr la ejecución del fallo que establece el pago de Bs 744.315.432.

“Esta entidad constitucional no va a permitir que ningún juez ni autoridad judicial pretenda realizar resoluciones contrarias a los intereses del pueblo chuquisaqueño. Ya tenemos una sentencia donde ha habido una competencia desleal y esa sentencia debe cumplirse”, aseguró la autoridad. 

En ese marco, el procurador Condori ratificó el compromiso de la Procuraduría General del Estado de defender los intereses del Estado boliviano y de hacer respetar el referido fallo. “Esa sentencia debe cumplirse. Es una obligación de la otra parte resarcir los más de 744 millones de bolivianos a las tres entidades públicas que conforman FANCESA (Universidad San Francisco Xavier, Alcaldía de Sucre y Gobernación de Chuquisaca) y - como abogados del Estado - vamos a realizar la representación correspondiente durante la audiencia de amparo constitucional, fijado para el 9 de mayo”, sostuvo. 

“Nosotros, el día de la audiencia, estaremos presentes. Tenemos todos los antecedentes necesarios, por lo que confiamos que, en ese amparo, no debe concederse la tutela solicitada. Más al contrario, debe ejecutarse inmediatamente los 744 millones de bolivianos por una competencia desleal que ha sido demostrada”, insistió. 

En esa línea, el titular de la PGE señaló estar dispuesto a coordinar una reunión con los copropietarios de FANCESA en la ciudad de Sucre, cuando así se lo soliciten. Asimismo, instó a no emitir declaraciones especulativas, que – a su juicio – solo develan el desconocimiento legal y del curso del proceso por parte de algunas autoridades.