EXMINISTRO JOSÉ LUIS PARADA FUE SENTENCIADO A 7 AÑOS DE CÁRCEL POR EL CASO "CRÉDITO DEL FMI"

PGE - Prensa, La Paz 9 de septiembre de 2025.- El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, informó que el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 6º de La Paz dictó este martes sentencia condenatoria contra el exministro de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), José Luis Parada Rivero, imponiéndole una pena de 7 años de privación de libertad por su participación en la gestión irregular del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año 2020, sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

"El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado, logrando que el juez dicte sentencia por la aprobación irregular de créditos, durante la gestión de Jeanine Añez", sostuvo el Procurador. 

De acuerdo con la sentencia, los acusados ​​fueron procesados ​​por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, comestiblecido en el Artículo 153 del Código Penal; incumplimiento de deberes, en el artículo 154 de la misma norma; contratos lesivos al Estado, señalados en el artículo 221 y conducta económica antieconómica, en el artículo 224. 

En el fallo también se declararon rebeldes a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente del BCB, quien recibió una condena de 5 años de cárcel, y Walter Erik Guzmán Tordoya, sentenciado a 1 año de reclusión. En tanto, Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Walter Morales Carrasco fueron absueltos de responsabilidad penal.

Según la acusación, el 10 de abril de 2020, Parada y Aponte firmaron la carta de intención MEFP/DM/JG-0683/2020 para solicitar al FMI el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a 240,1 millones de DEG (aproximadamente 24 millones de dólares estadounidenses), bajo el argumento de atender la emergencia fiscal y sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Posteriormente, el 20 de abril de ese mismo año, se suscribió un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional entre el MEFP y el BCB para viabilizar el crédito, sin el aval de la Asamblea Legislativa, contraviniendo el marco legal vigente.

La Procuraduría destacó que este resultado representa un “precedente inédito y favorable” en la defensa de los intereses del país. “Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, señaló Ricardo Condori Tola.