PROCURADURÍA EJECUTA AUDITORÍAS A ARBITRAJES INTERNACIONALES
El Procurador General del Estado, Hugo César León La Faye, junto al Subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Marcelo Longaric Saucedo, informaron sobre la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de los Países Bajos, respecto al procedimiento de anulación del Laudo Arbitral obtenido por BBVA en contra del Estado boliviano, aclarando que se han agotado todas las instancias legales en dicho proceso arbitral, resultando en una obligación jurídica consolidada e irreversible. Ante este escenario, la institución ya ejecuta un proceso de auditoría integral para identificar responsabilidades por las "malas decisiones políticas" y las estrategias de defensa de gestiones pasadas.
Durante la conferencia de prensa, el Procurador León La Faye detalló la cronología del caso, cuyo origen formal se remonta a 2017. Tras el registro del arbitraje ante el CIADI en 2018 y la fase procesal entre 2020 y 2021, el Tribunal Arbitral emitió un laudo en julio de 2022 que ordenó a Bolivia el pago de 94.8 millones de dólares más intereses por incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre el Reino de España y Bolivia.
"El Estado ha utilizado todos los mecanismos legales disponibles, incluyendo el recurso de anulación y la última instancia ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, que desestimó el recurso en abril de 2026.”
Por su parte, el Subprocurador Roger Marcelo Longaric Saucedo comunicó que se ha puesto en marcha una evaluación y auditoría a todos los arbitrajes internacionales donde el Estado Plurinacional actúa como demandado. Esta fiscalización inmediata tiene tres objetivos centrales:
1. Analizar el origen de las controversias y decisiones que las motivaron.
2. Identificar fallas estructurales en la gestión jurídica y administrativa previa.
3. Fortalecer la defensa actual del Estado en los procesos que continúan vigentes.
"Estos procesos no surgen de forma espontánea; tienen su origen en decisiones políticas de gestiones anteriores. El objetivo es sancionar a los responsables si se adoptaron malas políticas de defensa", señaló Longaric, subrayando que la revisión técnica ya es una realidad.
Finalmente, el Procurador General aseguró que la institución está desplegando sus capacidades técnicas y humanas para analizar caso por caso. Afirmó que la Procuraduría está iniciando las auditorías correspondientes para determinar si las estrategias de defensa fueron las correctas.
"Una vez concluidas estas auditorías y determinados los responsables del daño económico, el Gobierno nacional iniciará las acciones de repetición correspondientes para recuperar los fondos del Estado. Debemos identificar si se defendieron efectivamente los intereses patrios o si hubo negligencia en las autoridades anteriores", concluyó León La Faye.
