CASO BOTRADING: PGE DEFIENDE EL PATRIMONIO DEL ESTADO Y PROMUEVE LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS PÚBLICO
La Paz, 30 de septiembre de 2026.– El Ministerio Público acusó formalmente al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, y a otras nueve personas en el caso Botrading I, por los contratos firmados con la empresa internacional Botrading para la adquisición de combustibles y crudo.
Con la acusación formal presentada por el Ministerio Público, en el que la PGE interviene como sujeto procesal de pleno derecho; la Fiscalía solicitó la CONFISCACIÓN de todos los bienes que fueron anotados preventivamente de los acusados; proceso penal en el que la Procuraduría General del Estado (PGE) por intermedio de la DIRECCIÓN GENERAL DE LITIGIO Y CONTROL intensificó su acción legal para precautelar y recuperar el patrimonio público.
La acusación fue presentada ante el Juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la que espera el sorteo del Tribunal de Sentencia en lo Penal que desarrollará el Juicio Oral Público y Contradictorio, hasta la emisión de la Sentencia que corresponda.
En esta nueva etapa procesal, la Procuraduría defenderá con firmeza los intereses del Estado e intensificará su accionar legal para la recuperación de los recursos que pertenecen a todos los bolivianos y que deben retornar a las arcas del Estado, afirmó el Procurador General del Estado, Hugo César León Lafaye.
La PGE interviene en el proceso desde la gestión 2025 y el marco del trabajo de la Comisión de la Verdad, en el caso de los Hidrocarburos, pidió al Ministerio Público ampliar la investigación por nuevos elementos hallados dentro del proceso, los mismos que coadyuvaron en la investigación fiscal que determinó en la emisión de la Acusación Fiscal.
Estas actuaciones se enmarcan en las atribuciones Constitucionales que tiene la Procuraduría para precautelar y defender los intereses económicos del Estado, a través del análisis jurídico, la auditoría legal forense, la intervención y seguimiento de procesos.
En el marco de la defensa legal del Estado, la PGE buscará la reparación del daño económico causado al Estado boliviano.
