PGE destaca imputación formal contra un ex gerente de Tesorería del BCB en el caso de los billetes del Bicentenario
• La actuación institucional, en coordinación con el Banco Central de Bolivia, fortalece la defensa de los intereses del Estado. Según informes de auditoría, la operación habría ocasionado un daño económico.
El Alto, 14 de octubre de 2026.– La Procuraduría General del Estado (PGE), en el marco de su mandato constitucional de defensa jurídica de los intereses del Estado, destaca la presentación de la imputación formal con aprehendido en contra de un ex gerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB), por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro de la investigación sobre la adquisición de los billetes conmemorativos del Bicentenario de Bolivia, conforme a la Resolución de Imputación Formal N.º 28/2026 del Ministerio Público.
Este avance procesal se enmarca en el caso iniciado a instancias del BCB, que se encuentra en etapa preparatoria. En él, la Procuraduría interviene como parte, junto con el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, contribuyendo desde sus atribuciones a la defensa de los intereses estatales y al esclarecimiento de los hechos investigados.
Un millón de billetes y una baja comercialización
La investigación se centra en la adquisición e impresión de un millón de billetes conmemorativos, por un costo de impresión de más de USD 668.000
Según los antecedentes de auditoría interna que cursan en el proceso, hasta el 31 de mayo de 2026 solo se habían comercializado 37.885 ejemplares, equivalentes al 3,8 % del total adquirido. En contraste, 962.115 billetes, correspondientes al 96,2 %, permanecían almacenados en bóvedas del BCB y del Banco Unión S.A.
La investigación señala que la cantidad de billetes adquirida habría sido determinada sin el sustento técnico necesario, lo que derivó en una baja comercialización y en un elevado inventario sin rotación. Al ritmo de 2026, vender el saldo tomaría unos 297 años. Asimismo, los ingresos por ventas no alcanzan a cubrir el costo de impresión, lo que configura un presunto daño económico estimado en más de USD 359.000
Defender los intereses del estado, una prioridad institucional
El Ministerio Público solicitó medidas cautelares contra el imputado.La Procuraduría hará seguimiento al proceso y asumirá la defensa de los intereses del Estado en cada una de sus etapas, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y lograr la reparación del daño causado.
La coordinación entre las instituciones del Estado resulta fundamental para esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades que correspondan y adoptar las medidas legales pertinentes. La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, con pleno respeto al debido proceso.
La Procuraduría General del Estado trabaja para defender los intereses de Bolivia, precautelar sus recursos y promover su recuperación cuando corresponda.
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
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