PROCURADURÍA LOGRA NUEVA DETENCIÓN PREVENTIVA DE SEIS MESES PARA FRANKLIN FLORES POR EL CASO EMAPA
- El exgerente de la estatal de alimentos seguirá recluido en San Pedro dentro de un nuevo proceso por Legitimación de Ganancias Ilícitas.
El Alto, 10 de noviembre de 2026. Como resultado de la acción conjunta de la Procuraduría General del Estado (PGE) y otras carteras de Estado, el Juez 13vo. de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de La Paz dispuso la detención preventiva por seis meses de Franklin Flores Córdova en el recinto penitenciario de San Pedro.
La determinación judicial se consolidó durante la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares correspondiente a un nuevo proceso penal iniciado en contra del exgerente por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas (Caso "Emapa LGI").
Luego de que las entidades del Estado fundamentaran la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, la autoridad jurisdiccional emitió la resolución que determina la detención preventiva del imputado y fijó audiencia de control de situación jurídica para el 24 de febrero de 2027.
Este nuevo proceso se originó en el marco de la investigación que la Fiscalía Departamental de La Paz desarrolla contra Flores Córdova, en la cual el imputado habría realizado operaciones financieras y comerciales destinadas a ocultar el origen ilícito de recursos de los que se habría apropiado. Dichos recursos provendrían de la ejecución irregular del proyecto «Implementación de Planta Piscícola en el Lago Titicaca», lo que habría ocasionado un detrimento económico de Bs44.000.000 al Estado Plurinacional de Bolivia.
Con esta medida cautelar se asegura la permanencia del imputado en reclusión y se otorga al Ministerio Público el plazo necesario para profundizar los actos investigativos en la etapa preparatoria y consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.
La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso inquebrantable en la defensa del patrimonio público y de precautelar los intereses de las y los bolivianos, garantizando que los actos de corrupción que afectan al Estado no queden en la impunidad.
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